Los jueces y sus campañas electorales. ¿Qué riesgos corre la justicia dentro del proceso electoral?

Por Jacqueline Bassi


"Nosotros vendemos a un juez de la misma manera que vendemos cualquier otra cosa" dice Helen Lavelle, publicista profesional y experta en campañas judiciales, en una entrevista concedida a Frontline.

Lavelle habla en detalle de cómo se prepara la campaña publicitaria de un juez y compara el proceso con el de cualquier otra campaña publicitaria para vender un producto comercial cualquiera.

La reveladora entrevista de Lavelle, descubre un aspecto de nuestro sistema judicial, que es devastador para la comunidad. Presenta un perfil de las campañas electorales que levanta una profunda desconfianza en nuestro sistema judicial y cuestiona otros conflictos de interés escondidos detrás de las campañas judiciales, como es el financiamiento de ellas y sus contribuyentes.

La elección de jueces en varios estados de Estados Unidos, incluyendo el de Florida, es por elección popular. En la mayoría de los casos, los electores desconocen a los candidatos y sus calificaciones. Por tanto, su decisión se fundamenta, en gran parte, en la información que presentan las campañas electorales de los candidatos. Si la información es fabricada, si contiene falsos argumentos, o si es manipulada para sugerir una idea equivocada, perjudica seriamente a los electores y pone en evidencia la frágil integridad de nuestro sistema judicial.

En el estado de Florida durante las elecciones judiciales de 1996 para juez del circuito 18, la campaña electoral de la abogada Nancy F. Alley estuvo marcada por tácticas claramente deshonestas y falsos testimonios. Alley enfrentó a la jueza de condado de Seminola, Marlene Alva. Dos días antes de la elección, Nancy F. Alley publicó varios anuncios en The Orlando Sentinel, en los que aseguraba, que ella tenía más experiencia judicial y de circuito que Alva. Alley agregó que la jueza Alva no tenía experiencia alguna en leyes de circuito. Estas declaraciones de su campaña eran falsas. Alley distribuyó volantes que decían que Alva había sido designada por el gobernador demócrata, Lawton Chiles, sugiriendo una afiliación de la jueza Alva con el partido demócrata. Además, apuntó que la jueza Alva había defendido al asesino de un policía, William Cruse, omitiendo que Alva lo defendió en calidad de defensor público asignado. La campaña electoral tuvo su impacto y Nancy F. Alley ganó la elección convirtiéndose en la jueza del circuito judicial 18 de la Florida. En junio de 1997, varias quejas fueron presentadas a la comisión de calificación judicial de la Florida, y la jueza Nancy Alley recibió una reprimenda pública por conducta deshonesta en su campaña electoral. Su honorable Jueza, Nancy F. Alley, aceptó la reprimenda, reconoció como verdaderos los cargos que se le imputaron, y se disculpó por su conducta públicamente. Sin embargo, los resultados de su deshonestidad aún siguen dando fruto, y Nancy F. Alley aún ocupa el cargo de jueza del circuito 18 de la Florida.

En noviembre de 2002, se suma otro caso de deshonestidad en campañas judiciales en el cual se le encontró culpable a la jueza Rosa Rodríguez de aceptar una contribución de 200,000 dólares para influenciar su campaña electoral. Esta cantidad excede la suma límite de 500 dólares, que impone la ley. Además fue acusada de no reportar dicha contribución o falsear el reporte financiero de su campaña. En esta ocasión, la jueza fue suspendida 4 meses sin paga y se le aplicó una multa de 40 mil dólares. La jueza Rosa Rodríguez tiene un salario de 130 mil dólares al año. No obstante, hoy continúa bajo el cargo de juez del circuito 18 del condado Miami-Dade.


Estos ejemplos cuestionan la integridad de nuestro proceso electoral e indican que la elección de un juez en nuestro sistema judicial no goza de la transparencia que exige la confianza pública. El problema no sólo radica en las campañas electorales, que por sí se prestan a tácticas deshonestas para conseguir la victoria, sino también en la necesidad de costear el proceso electoral con contribuciones monetarias que vienen de grupos y personas con intereses directamente afectados por el organismo judicial. Basta una mirada a la siguiente lista de contribuyentes de las campañas electorales de nuestro estado, para darse cuenta que dichas campañas están fuertemente financiadas por abogados y bufetes; justamente los grupos que llevan diariamente sus casos ante los tribunales.

En las elecciones generales del año 2002, Iván Fernández fue elegido juez del circuito del condado Miami-Dade. Su campaña electoral contó con un total de 62,756 dólares. Los contribuyentes a su campaña electoral fueron en su totalidad abogados, firmas de abogados y una compañía de fianzas.

En estas mismas elecciones también fue elegida jueza del condado Miami-Dade, Cecilia M. Altonaga. Su campaña electoral costó 187, 516. Se recogieron fondos para un total de 189,445 dólares, de los cuales 170,000 provenían de su propio bolsillo y el restante de abogados y bufetes de abogados.

La campaña electoral de Margarita Esquiroz, elegida jueza del mismo circuito en las elecciones generales del año 2002, costó 94, 625 dólares. 13,000 dólares provinieron de sus ingresos personales, 500 de un banco, 500 de un investigador privado y el resto provino de abogados y firmas de abogados.


En otro ejemplo, Stuart M. Simons también elegido juez del mismo circuito durante las elecciones generales del 2002, acumuló un total de 99,507. Mil dólares vinieron de una firma constructora y el resto de abogados y firmas de abogados.

Los datos anteriores enturbian la claridad del proceso judicial. Tomemos por ejemplo las siguientes palabras de Lavelle: " No tengo duda que hay elecciones compradas. Lo hemos visto, hemos tenido casos en los que se han gastado exorbitantes cantidades de dinero para conseguir que alguien sea electo, que, no encuentro otra razón de describirlo. De verdad pienso que tenemos un sistema en que las elecciones pueden ser compradas."
Si bien las palabras de la experta en campañas judiciales Helen Lavelle, son sólo su opinión personal, definitivamente amenazan la percepción de la comunidad con respecto a la integridad judicial de nuestro sistema social.

El juez Tom Phillips dice: "El poder del sistema judicial radica en el respeto público, en el orden de las leyes y en la disposición de los ciudadanos a llevar sus disputas a los tribunales y a regirse por los resultados que allí se decidan." Si las palabras del juez Phillips tienen fundamento, nuestro sistema judicial debe garantizar la integridad cristalina de nuestro proceso judicial.

Las declaraciones anteriores, ponen al descubierto un aspecto decididamente candente de nuestro sistema judicial y reclaman un cambio urgente al proceso electoral que las rige. Nuestros tribunales son una parte fundamental de nuestra democracia. El efecto nefasto de las campañas judiciales y los dineros que las soportan ponen en duda la capacidad de nuestros tribunales de impartir una ley justa e imparcial. También ponen en riesgo la percepción de nuestros ciudadanos. La percepción que da paso una convicción cívica para respetar derechos constitucionales que son protegidos y defendidos por estos mismos tribunales.
Link to case against Judge Nancy F Alley
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=fl&vol=alpha9710%5Cwk2%5Cop-90691_rtf&invol=1